El compromiso con la calidad en la evaluación y certificaciónJosé Ramón Parrondo Rodríguez
Coordinador de la Comisión Académica del SICELE. Instituto Cervantes (España)

Todo lo que me proponía evidenciar es que mi presencia en este foro no hubiera sido posible sin la intervención directa o indirecta de un nutrido grupo de profesionales que forman parte de organizaciones e instituciones cuyo objetivo primordial consiste en poner a disposición de su público usuario una serie de servicios y productos que cumplen con criterios internacionalmente acordados en materia de calidad y en los que prima el principio de trato justo, como no puede ser menos en cualquier transacción de naturaleza comercial desde los orígenes de esta actividad.

La definición de los criterios de calidad representa el último grado de concreción de una concepción ética del desempeño profesional de la actividad de que se trate. Dicho de otro modo, los estándares de calidad que se fijan están basados en presupuestos de naturaleza deontológica. En el caso de la evaluación y de la certificación, actividades que también se inscriben en el sector económico de los servicios, se añade además un factor importante que refuerza este argumento: valorar y dar fe de cualquier tipo de conocimiento o habilidad humana se encuentra asociado a una enorme responsabilidad, puesto que los evaluadores son validadores de los individuos ante la sociedad y representan conceptos supuestamente altruistas relacionados con la imparcialidad y la equidad, con la obligación manifiesta de garantizar la igualdad de oportunidades en aras de una sociedad más justa.

De este modo, es necesario argumentar la necesidad de adoptar códigos éticos, principios y estándares en evaluación y concienciar a la profesión y a la sociedad, con una doble finalidad: implantar una articulación eficaz de la deontología en forma de verificación del cumplimiento de los estándares de calidad y fomentar una cultura de desarrollo profesional e institucional basada en la ética y en dichos estándares.

¿Y no sería igualmente necesario el desarrollo de una conciencia ética, de directrices de actuación y de fijación de estándares de calidad en otros ámbitos y actividades relacionados con la enseñanza y el aprendizaje del español como segunda lengua o como lengua extranjera? Aun arriesgándome a que piensen que ofendo a su inteligencia con esta pregunta retórica, conviene hacer notar que las actividades de evaluación (los exámenes) suelen utilizarse como base para la toma de decisiones, a veces irreversibles, de gran trascendencia en la vida de los individuos. Este hecho hace de la evaluación en muchos contextos la actividad académica de primer orden que determina y condiciona la metodología, el diseño y el desarrollo curriculares, la naturaleza de los materiales didácticos, las técnicas de enseñanza e incluso la tipología de las tareas de aula. Dicho de otro modo, un sistema de evaluación y certificación eficaz, racional, válido, fiable, equitativo, transparente y justo debería generar toda una serie de servicios y productos relacionados que compartan los mismos principios y que transmitan las mismas garantías, desde los manuales de enseñanza-aprendizaje que se publican hasta la provisión de servicios de enseñanza que se oferta.

Frente a los procesos de enseñanza-aprendizaje, en los que media un grado de corresponsabilidad entre el profesor y el aprendiz, en la evaluación no pueden permitirse dudas sobre la probidad, la imparcialidad y la calidad técnica de los instrumentos o materiales y de los procedimientos empleados. La responsabilidad absoluta empieza por el profesional de la evaluación y llega hasta la propia institución en la que trabaja.

De entre las situaciones y los ámbitos de uso de la evaluación y su realización administrativa (la certificación) que revisten una alta trascendencia para los usuarios podríamos destacar los siguientes:

1. Las admisiones, el acceso y la selección del alumnado, especialmente en universidades o centros de educación superior;
2. el acceso al empleo o la promoción profesional asociada al desempeño laboral;
3. la inmigración, el derecho a residencia, trabajo o asilo;
4. el cálculo de coeficientes de rendimiento escolar por centros, regiones o países, con el objeto de informar la toma de decisiones políticas.

La poderosa influencia que en determinados contextos de uso pueden ejercer las actividades de evaluación las convierte por tanto en instrumentos de definición del conocimiento, en potenciales armas de coacción, cuyo uso debe encontrarse regulado y concertado.

La deontología debe constituir una de las bases epistemológicas de la actividad evaluadora por otras dos razones:

1. En primer lugar, los individuos suelen ser personas desempoderadas (si la RAE me permite la licencia de trasladar de este modo el término de acuñación norteamericana disempowerment): se trata de estudiantes, de jóvenes y adolescentes, de inmigrantes o de trabajadores asalariados; dicho de otro modo, personas en potencial situación de indefensión;
2. por otro lado, la actividad evaluadora genera gran cantidad de información sensible: a los datos de carácter personal (filiación, identificación, domicilio, etcétera) anexamos los de carácter académico, que tienen que ver con el rendimiento de los individuos en las pruebas.

El incremento de la actividad evaluadora ha llevado a una mayor toma de conciencia por parte de los examinandos, y de la sociedad en su sentido más amplio, que exigen cada vez más responsabilidades y respuestas a los profesores y a las instituciones que actúan como evaluadores y que expiden certificaciones. Los conceptos de validez y ecuanimidad son cada vez más mentados entre la comunidad usuaria de las certificaciones y tienen una mayor influencia cuando se trata de optar por un determinado servicio de certificación.

A esta concienciación del público han contribuido sin duda la creación y la difusión de marcos éticos, ejemplificados en los códigos de buena práctica que llevan años divulgando algunas asociaciones profesionales, de naturaleza netamente anglosajona la mayoría, tales como los desarrollados por ILTA o ALTE.

Las fuentes epistemológicas de estos códigos de buena práctica deben buscarse en la ética y en la filosofía moral, en las que se dan esencialmente dos enfoques: uno universalista o kantiano, que favorece la confección de un conjunto de códigos aplicables a todos los partícipes y que a su vez están basados en una serie de principios. Hay que comentar que este tipo de enfoques tiende a ser dogmático, categórico e inflexible. Y otro enfoque, denominado consecuencialista, que se basa en la utilidad o en las consecuencias. Dicho de otro modo, el fin justificaría hasta cierto punto los medios.

Podría postularse, como ha hecho ALTE, la adopción de un enfoque ecléctico o mixto, basado por un lado en códigos y principios de conducta, pero que por otro conlleva una dosis de relativismo y de pragmatismo.

En la práctica esto se ha concretado en la redacción de códigos éticos (que contienen una serie de principios abstractos) y códigos de buena práctica (que contienen directrices para el desempeño operativo y para el cumplimiento de normas de naturaleza jurídica). Dichos códigos de buena práctica trasladan el conjunto de responsabilidades a dos niveles: uno institucional y otro individual, que se refiere a los profesionales de la evaluación y en el que cabe regular también la objeción de conciencia. Dado que la composición de asociaciones como ALTE es a menudo heterogénea, su código de buena práctica permite cierta flexibilidad en la aplicación de estándares, aunque existe un conjunto de ellos, denominados mínimos, cuyo cumplimiento se considera irrenunciable.

El compromiso con la calidad en la evaluación y certificación opera sobre los métodos de trabajo para la elaboración y validación de pruebas de examen y sobre los procesos derivados de la prestación de un servicio de gran impacto social, económico y político. Si los conceptos de fiabilidad (o consistencia en las mediciones de una prueba), impacto (o repercusión y efecto que tienen los procesos evaluadores en la sociedad) y viabilidad (o calidad del servicio mediante la provisión de los canales adecuados de actuación) no precisan una explicación más detallada en este momento, sí conviene hacer hincapié en que el término validez, aplicado a un examen determinado o a un conjunto de exámenes, no se refiere directamente, en el lenguaje especializado, a sus efectos administrativos.

La pregunta que debe responder el validador de una prueba de examen es ¿hasta qué punto podemos extrapolar el desempeño de un candidato en una prueba de examen a la vida real?

El validador debe armar un argumento, basado en datos cuantitativos y cualitativos, que demuestre que la prueba de examen en cuestión evalúa lo que pretende y que por tanto garantiza su eficacia para los fines que ha sido propuesta.

Los dos estándares mínimos irrenunciables son precisamente la validez y la fiabilidad de las pruebas de examen. Si ambos se cumplen en un grado aceptable, el impacto que generarán será sin duda positivo.

Sirvan estos argumentos para situar el punto de partida y las consideraciones previas que propiciaron la creación del Sistema Internacional de Certificación del Español como Lengua Extranjera (SICELE), cuyo documento de constitución fue presentado en Medellín a los Reyes de España y al presidente de la República de Colombia por los rectores de las universidades hispanohablantes y el Instituto Cervantes.

El SICELE tiene como principales objetivos la armonización de los criterios que se siguen para la certificación del conocimiento del español como lengua extranjera, la fijación de estándares internacionales en los procedimientos que se emplean para la elaboración y la aplicación de exámenes y para la expedición de certificaciones y la verificación del cumplimiento de dichos estándares, que constituirá una garantía para los usuarios. El respaldo inequívoco de las más relevantes instituciones académicas del mundo hispanohablante y de las más altas autoridades políticas constituye además una garantía del reconocimiento oficial, en cada uno de los países, de los diplomas y certificados que formen parte del sistema, y la implantación efectiva de dicho reconocimiento en condiciones de reciprocidad. El SICELE no es la respuesta hispana a los conocidos exámenes TOEFL, como han publicado algunos medios de comunicación, sino que pretende aglutinar bajo su sello una variada gama de tipos de exámenes de español como lengua extranjera, bien se trate de exámenes ya existentes o de nuevos productos y servicios de evaluación que se puedan desarrollar.

Quizás de modo más importante, el SICELE pretende influir sobre las conductas profesionales del sector de la evaluación en español en todos sus ámbitos y contextos de actuación, no solo sobre las instituciones que realizan exámenes a gran escala, sino sobre los profesores que se desempeñan con frecuencia como evaluadores.

Esta iniciativa, por tanto, no ha hecho más que ponerse en marcha. Será necesario ahora comenzar a concretar líneas de actuación e iniciar proyectos, para lo que se establecerán redes interinstitucionales de profesionales con misiones específicas. De modo inmediato deberán identificarse posibles necesidades formativas y tratar de gestionarlas; es necesario desarrollar sistemas compartidos de validación de pruebas de examen y constituir comisiones de verificación; también debemos constituir una red permanente de asesorías lingüísticas que contribuyan a los procesos de confección y selección de materiales de examen y a la formación del profesorado de español, de modo que las variedades geolectales de la lengua tengan un tratamiento coherente. Será preciso además contar con infraestructuras administrativas que faciliten estas tareas.

Los rectores de las universidades hispanohablantes y el Instituto Cervantes han adquirido ante los Reyes de España y ante el presidente de la República de Colombia el compromiso ineludible de apoyar el desarrollo de esta iniciativa, que se ha incardinado ya de modo inextricable a los Congresos Internacionales de la Lengua Española. A los asesores, profesores e investigadores que vamos a trabajar en esta empresa solo nos queda comprometernos con ustedes para presentarles resultados y logros fehacientes en la próxima edición de este evento.

Muchas gracias por su atención.