Como parte del eje temático «Lengua española, mestizaje e interculturalidad. Historia y futuro», tengo el honor de presidir este notable panel que reflexiona sobre «El idioma de la libertad y los lenguajes de la ciudadanía. Palabras e imágenes».
El devenir y la importancia histórica de la lengua española en Hispanoamérica son, esta vez, sopesados en el marco de los complejos desafíos que los hispanohablantes enfrentamos con la construcción de un nuevo lenguaje político tras la crisis social y económica que atravesamos, a fin de consagrar mayores libertades para el conjunto de la ciudadanía.
Se puede decir que este proceso inició para nosotros en 1810 con las Cortes de Cádiz, asamblea constituyente que contó con representantes de la sociedad virreinal peruana de aquel entonces, quienes contribuyeron a la formación de un lenguaje político de la libertad que recogiese, en buena medida, las crecientes demandas ciudadanas de mayor igualdad; lo cual implicaba la construcción de una retórica liberal contra el absolutismo, así como la introducción de nuevos conceptos como nación, pueblo, ciudadanía, entre otros.
Ello supuso una transformación en el pensamiento político y jurídico, primero en la península y luego en las Américas, el cual se vería plasmado en uno de los más avanzados textos constitucionales de su época, la Constitución de Cádiz. En tal sentido, «la trascendencia jurídico-política de las reformas resultaba inseparable de su dimensión lingüística: la obra de Cádiz debía tomarse, pues, como un acto constituyente también en la esfera de la lengua» (Fernández, 2002: 6).
La Constitución de Cádiz fue jurada en Lima en octubre de 1812 y posteriormente en las principales ciudades del virreinato del Perú, de manera que se asegurara su «perpetua obediencia». Y aunque tuvo una corta vigencia, la carta gaditana tuvo una significativa influencia en los cambios políticos e ideológicos que precedieron a los procesos independentistas en la región, y con ello la paulatina asunción de un nuevo lenguaje relacionado con los fundamentos ideológicos y políticos de una sociedad moderna. Con ella, se diseñaron y se pusieron en práctica una serie de principios políticos (gobierno representativo, derechos políticos, división de poderes y libertades individuales) que podrían resumirse en dos conceptos básicos: soberanía nacional y constitucionalismo (Breña, 2006: 29).
Este fenómeno era notorio para las élites intelectuales de la época, mas no tanto para las masas o los sectores marginados de la población; por lo que no se puede descartar que existió y existe una brecha comunicacional entre las élites sociales y gran parte de la población o ciudadanía, brecha que aún hoy persiste y sea tal vez una de las causas de los conflictos sociales que vivimos.
Aun así, no puede desconocerse que las nacientes repúblicas se decantaron por una moderna forma de gobierno y con ello el manejo de nuevos conceptos como los de igualdad, democracia representativa, deberes y derechos de las personas; que son principios y preceptos que tienen como principal sustento a la Constitución Política de cada país.
Esta relación conceptual entre los términos «democracia» y «Constitución» ha dado lugar a la concepción de un Estado moderno, al llamado «Estado constitucional de derecho». No obstante, esa nueva concepción del Estado no ha impedido que a lo largo de la historia subsistan serios problemas de legitimidad en las relativamente jóvenes democracias de Hispanoamérica. Buena parte de la ciudadanía no se siente plenamente representada por los poderes constituidos y mira con recelo o desconoce a las instituciones públicas, a sus autoridades e incluso a sus símbolos e imágenes representativas.
¿A qué se debe este fenómeno?, ¿a qué atribuir la pobre aceptación social del lenguaje jurídico-político, o el desencanto de la población con las instituciones democráticas y los poderes públicos?
Es por esta razón que, desde el Poder Judicial peruano, me he trazado como misión brindar justicia de calidad con rostro humano en la actual era digital, para así contribuir a alcanzar la ansiada paz social en justicia.
Me pregunto también ¿por qué no se ha logrado construir un diálogo político fructífero entre las autoridades y el conjunto de la ciudadanía?
Para responder a estas interrogantes, se hace necesario repensar o redefinir las relaciones entre el idioma, el lenguaje y la política en una sociedad libre. Y estamos seguros de que con la presencia del distinguido panel de expertos que hoy nos acompaña queda abierto el debate enriquecedor sobre la compleja relación entre el idioma de la libertad y los lenguajes de la ciudadanía.