El bilingüismo y la democracia: el caso de los latinos en los EE. UU.¹ Rodolfo O. de la Garza
Catedrático en el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Columbia y vicepresidente y director de investigaciones del Instituto Tomás Rivera

El nuevo rol que los latinos están jugando en la política de los Estados Unidos refleja el continuo crecimiento de esta población y los efectos de las protecciones electorales institucionalizadas por la Ley de derechos electorales de 1965 (de ahora en adelante se citará como VRA) y sus varias enmiendas. De particular interés para este documento son las disposiciones del congreso de 1975, las cuales ampliaron el alcance de la ley para agregar protecciones para los residentes de «patrimonio cultural español», una de la cual incluyó por primera vez asistencia para votantes bilingües. Las protecciones al voto electoral establecidas bajo las secciones 203(c) y la 4(f)(4) de la VRA, claramente establecen que ciertas jurisdicciones deben proporcionar materiales multilingües para los diversos grupos existentes incluyendo a los indígenas del país, los norteamericanos de origen asiático, los nativos indígenas de Alaska y los ciudadanos de «patrimonio cultural español».

Estas disposiciones, como se examinará más adelante, han generado intensa controversia. Algunos críticos argumentan que el voto bilingüe erosiona la unidad nacional. Al mismo tiempo, los defensores de esta medida arguyen que la democracia estadounidense no se puede realizar plenamente si los ciudadanos que no hablan o entienden el inglés no tienen acceso pleno y en condiciones de igualdad al voto electoral. Sin embargo, dichas perspectivas dejan de explicarse en el contexto de la teoría democrática. En consecuencia, el debate entre estas dos tendencias ignora la evolución histórica del fundamento cultural de la democracia y genera conflictos en vez de deliberaciones.

El propósito de este documento es analizar las tres preguntas que surgen de este problema, mencionadas anteriormente. Comienza por examinar las consecuencias del multilingüismo para la teoría democrática, cuestionando si el multilingüismo plantea algún desafío a la democracia o si, por lo contrario, se puede superar dicho desafío. Igualmente se cuestiona si Estados Unidos ha asimilado el multilingüismo, permitiendo que el español se incorpore poco a poco dentro de la política estadounidense. Finalmente, este estudio analiza el uso del español en la política de los Estados Unidos y evalúa su impacto en la democracia y en la esfera política.

¿Es el multilingüismo una amenaza a la democracia?

Los argumentos de John Stuart Mill son un ejemplo de la preocupación que han tenido los teóricos políticos acerca de sí la democracia puede sobrevivir en un país «compuesto de diferentes nacionalidades que leen y hablan distintos idiomas.⁴ En sus escritos, Mill reconoce que la diversidad de carácter y cultura enriqueció enormemente a la familia europea y evitó que la población se estancara a nivel cultural e intelectual. Aunque el autor se preocupaba de los efectos negativos del multiculturalismo para el desarrollo de la familia europea, también reconocía que prevenía que la comunidad se estancara en un bloque sin posibilidad de mejorar o avanzar.⁵ La perspectiva de Mill se centró en la creación de una hermandad que incluía un compartido compromiso con la democracia. Su preocupación era que el multiculturalismo y multilingüismo podrían impedir la deliberación colectiva, lo cual podría afectar al desarrollo de estos sentimientos. Ese diálogo continuo se requiere para desarrollar y mantener el compromiso con la democracia a favor de los ciudadanos. Sin el, los valores y las preocupaciones del pueblo no se pueden atender y, en consecuencia, el mantenimiento y el fortalecimiento de la democracia no son realizables. Por lo tanto, la ausencia de este diálogo paralizaría, probablemente, la democracia.

Los teóricos modernos de la democracia siguen preocupados con este dilema. Allen Patten, por ejemplo, sostiene que «la diversidad lingüística puede ser un grave obstáculo para el pleno florecimiento» de la democracia deliberativa, porque «si los ciudadanos no pueden entenderse uno al otro, o si intentan comunicarse sólo con co-lingüistas, entonces la democracia inevitablemente estará comprometida».⁶ Dieter Grimm sostiene que no puede haber una Comunidad Europea de participación o deliberación, es decir, una democracia⁷ porque la democracia continental supone un pueblo que refleja la opinión pública europea. Grimm y otros argumentan que no puede haber un pueblo europeo sin un lenguaje común, lo cual, opinan, es el elemento más importante en una comunidad política.

El problema para los teóricos, por lo tanto, se enfoca menos en temas de lenguaje que en las características sociales sobre las cuales se construye una comunidad política democrática. Dicha comunidad política requiere que los ciudadanos se comprometan con los valores y las prácticas democráticas. Aunque estos pueden ser comunicados y discutidos en varios idiomas, es más favorable para la creación de comunidades democráticas que los ciudadanos se puedan comunicar con claridad lingüística, como ocurrirían si compartiesen el mismo idioma.

El monolingüismo, sin embargo, no es condición necesaria ni suficiente para la creación de la democracia. No se requiere para establecer un régimen democrático, y su existencia tampoco garantiza la creación de tal tipo de régimen. Lo que sí es necesario pero no suficiente es que los valores democráticos se compartan entre los ciudadanos. Si el estado promueve el entendimiento entre el pueblo, aunque para ello deba emplear varias lenguas, se fortalece la base democrática de la nación. En consecuencia, para entender el efecto del multilingüismo en la democracia, se requiere evaluar las políticas del estado con referencia a la promoción de dicha comunicación. En vista del propósito de este estudio, es importante entender como se ha incorporado el español a la política de los Estados Unidos.⁸

La incorporación de español en la política estadounidense

Históricamente, el español fue excluido no sólo de la política de los Estados Unidos sino de la sociedad dominante en general. Esto refleja la creencia del pueblo «americano» en su inherente superioridad racial sobre sus contrincantes derrotados (enemigos históricos tales como fueron los españoles, los mexicanos, las tribus indígenas y los esclavos negros).⁹ La actitud de superioridad del pueblo estadounidense ha sido siempre un tema sensible tanto para los ciudadanos de habla hispana como para los nuevos inmigrantes latinos, ya que habían establecido comunidades donde el español fue la lengua dominante en el sudoeste desde el siglo xviii hasta principios del siglo xx y en Nueva York desde principios del siglo xx. Estas poblaciones crecieron continuamente debido a la constante inmigración de México y Puerto Rico. En estados como Texas, California y Arizona, prejuicios anti-mexicanos relegaron al pueblo de habla española a los empleos de baja categoría como la pizca. En las escuelas, si es que llegaban a asistir, fueron separados de los «americanos» y casi nunca llegaron a inscribirse en escuelas de secundaria o colegios.

Los puertorriqueños sufrieron un trato similar en Nueva York. Aunque gozaban de la ciudadanía estadounidense desde hacía cinco décadas y sus números ya habían aumentado considerablemente, seguían siendo victimas de la discriminación. No fue hasta 1966 que puertorriqueños lograron una gran victoria al desafiar con éxito la ley electoral de Nueva York, que, hasta entonces, prohibía votar a aquellos que no hablaban inglés inclusive siendo ciudadanos. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos determinó en la demanda judicial Cardona versus Power que el requisito de ser alfabeto no «puede aplicarse contra personas que habían completado con éxito un sexto grado en una escuela pública o una escuela privada acreditada por el estado libre asociado de Puerto Rico, en la que el idioma de instrucción era distinto al inglés.¹⁰

La decisión de la Corte Suprema observó en este caso que la demandante «nacida y educada en el estado libre asociado de Puerto Rico y (que) ha vivido en la Ciudad de Nueva York desde 1948. El 23 de julio de 1963, intentó inscribirse para votar, presentando prueba de ciudadanía estadounidense, su edad y residencia; y ella protestó que, a pesar de que podía leer y escribir en español, no podía satisfacer el requisito de la alfabetización en inglés de Nueva York. La Junta Electoral de Nueva York se negó a registrarla como votante únicamente por en el hecho de que ella no estaba alfabetizada en inglés». La demandante desafió la validez de esta decisión bajo la Constitución de los Estados Unidos y solicitó que la registraran como votante debidamente calificada o que el Consejo le administrara una prueba de alfabetización en la lengua española y, si aprobaba tal prueba, fuese registrada como una votante debidamente calificada. La Corte Suprema anuló la ley de Nueva York por carecer de validez.

Sin embargo, este dictamen se refería solamente a la ley electoral de Nueva York y, por ello, no tenía relevancia con relación a la incorporación del español en la política estadounidense a nivel nacional y estatal. No obstante, en la siguiente década se logró una victoria con la extensión de la ley de derechos de voto (VRA) de 1975, la cual permitió la incorporación del idioma español al sistema electoral de la nación al referirse a ciudadanos de origen mexicano (y a otros grupos previamente marginados). Específicamente, esta enmienda eliminó las prácticas discriminatorias que impedían a grupos como los estadounidenses de origen mexicano participar en las elecciones para ejercer sus derechos políticos.

Las protecciones garantizadas por el VRA han alterado profundamente la política de los Estados Unidos tanto por las actividades que obliga a las autoridades a implementar como por el hecho de que esta ley se aplica en todo el país. La ley afecta a cualquier estado o subdivisión política de la siguiente manera:

1. A partir del 1 de noviembre de 1972, más del cinco por ciento de los ciudadanos con la edad requerida para votar fueron miembros de un grupo de idioma minoritario (por ejemplo español o chino).
2. Antes del 1 de noviembre de 1972, el registro y los materiales oficialmente relacionados con las elecciones se publicaban sólo en inglés.
3. Menos de un cincuenta por ciento de los ciudadanos con la edad mínima para votar fueron inscritos para votar o votaron en las elecciones presidenciales de 1972.

Si se determina que esta ley debe incluir a un estado como una jurisdicción única, sus requisitos se deberían aplicar no solo al estado en si, sino también a cada una de las subdivisiones políticas del estado. En otras palabras, cada subdivisión política dentro de un estado en donde se aplica el VRA está sujeta a los mismos requisitos que el estado. Cuando no están sujetas todas las divisiones políticas de un estado según esta definición, se pueden incluir subdivisiones políticas individuales.

Se aplican estas medidas a subdivisiones políticas de la siguiente manera: más de un cinco por ciento de sus ciudadanos en edad de votar son miembros de un grupo minoritario identificado por un idioma que no es el inglés, y la tasa de analfabetismo de dicha minoría es más alta que la de la media nacional.

El VRA también le exige a la Oficina de la Fiscalía General asegurar que se implementen las protecciones para los latinos y que se suministren por correo materiales en español relacionados con las elecciones. Si dichos materiales no están en el designado idioma, los funcionarios examinarán si existe un sistema eficaz para asegurar que se envíen a los residentes latinos. Los funcionarios federales también deben determinar si los avisos públicos que traten temas relacionados con actividades electorales se pueden distribuir de manera que proporcionen a los miembros de una minoría lingüística la oportunidad de informarse sobre las actividades electorales. Además, deben evaluar si se administra el sistema de registro de votantes para asegurar que los miembros de dicha minoría tengan la oportunidad de registrarse. Esto se puede llevar a cabo mediante el uso de funcionarios latinos en puestos donde sea más probable que se inscriban los latinos y donde hay mayor necesidad de suministrar materiales en el idioma minoritario. El fiscal general examinará también, a través de sondeos, si estas actividades permiten que miembros del grupo de la minoría lingüística tengan mayor oportunidad de votar. Dicha política se puede llevar a cabo utilizando avisos, instrucciones, boletos y otros materiales pertinentes a la elección, incluyendo la asistencia oral en el idioma de la minoría. Además, el fiscal general determinará si cada jurisdicción ha adoptado las medidas necesarias para suministrar dichos materiales y para otorgar la asistencia necesaria en el idioma de la minoría. Dicho proceso se puede promocionar a través de periódicos, anuncios transmitidos por televisión, radio y otras comunicaciones apropiadas, en el idioma de la minoría y con el contacto directo con grupos latinos.

Estas disposiciones han institucionalizado el español como parte integral del sistema electoral de Estados Unidos. El VRA no pretende únicamente establecer un mecanismo para proporcionar acceso al voto, sino que utiliza al español como un vehículo para eliminar la discriminación. De hecho, la estrategia para la defensa de los derechos políticos del latino, que se clasifica como minoría español hablante, aunque muchos no hablen español, requiere que las protecciones políticas garantizadas por el VRA se implementen como si el español fuera el idioma dominante de todo latino. Están políticas están encaminadas a ayudar al pueblo latino a elegir candidatos que realmente apoyen a su grupo étnico y suponen, implícitamente, que los ciudadanos de habla española voten a favor de candidatos latinos así como por otros si ellos actúan en defensa de sus intereses. Irónicamente, tras siglos de utilizar el español como un mecanismo para restringir la democracia al «americano», el español se convirtió en una herramienta gubernamental para incorporar a latinos y llevar a la nación hacia el objetivo democrático, el mito de la democracia norteamericana, que ha sido siempre la base de la construcción del sistema político estadounidense.

El bilingüismo español y la política norteamericana

Institucionalizar el uso del español como parte integral del sistema electoral de la nación ha afectado a numerosos aspectos de la política, entre ellos cómo ha afectado a quienes se incluyen como miembros del electorado en sus distintos niveles, al número de votantes latinos, las tasas de este voto, las agendas políticas a nivel local, estatal y nacional, así como los patrones políticos que resultaran de esta votación.

La población latina de la nación ha crecido enormemente en las décadas recientes. Desde 1970, poco antes de la extensión del VRA en 1975, hasta 2010 la población aumento de 9,6 a 47,8 millones, convirtiéndose en el grupo minoritario más numeroso de los Estados Unidos. Además, se ha transformado de una población regional concentrada en el los estados de California, Nuevo México, Texas, Arizona, Colorado, Nueva York y Florida a una población con grandes concentraciones en prácticamente la totalidad de las ciudades y estados. Este crecimiento disperso se percibe en el siguiente mapa. 

El hecho de ser una minoría nacional en lugar de una población regional implica que, cuando los derechos electorales de los latinos son disputados es probable que den lugar a reclamos discriminatorios en contra del votante latino. Estos pueden incluir impedimentos al voto en si como también el diseño de distritos electorales que pueden reducir la probabilidad de que candidatos latinos sean electos. Todos estos aspectos son impugnados en base a derechos políticos basados en la protección lingüística del VRA. Así pues, es predecible que la gran batalla política de los latinos enfatice la continuación de estas protecciones políticas que se basan en características lingüísticas.

Las principales batallas políticas que genera el VRA son dos. En primer lugar que aún es necesario implementar estas protecciones, y en segundo que el beneficio que producen supera su costo. Algunos críticos alegan que las protecciones de VRA no debían ser permanentes, sino para periodos fijos. Es por ello, que en un inicio la enmienda fue aprobada por un periodo fijo. 

La justificación original de esas protecciones es reconocida por críticos contemporáneos como una necesidad histórica. Sin embargo, desde una perspectiva lingüística, los latinos son un pueblo bifurcado. Como se ilustra en las figuras 2 y 3, los latinos nacidos en los Estados Unidos hablan inglés, los inmigrantes que llegaron de niños son bilingües o hablan mejor inglés que español, mientras que el único segmento de latinos que hablan principalmente en español son los inmigrantes recientes y los que llegaron a los Estados Unidos como adolescentes o adultos.

En 1975 una principal justificación para ampliar el VRA al incluir a latinos fue que estaban siendo excluidos del sistema electoral al negarles el acceso a las instituciones sociales y del estado. Hoy, los críticos del VRA insisten que los argumentos que se utilizan para justificar su continuación ya no están basados en la discriminación, como en el pasado. Los críticos opinan que su bajo nivel educativo se debe a la inmigración, es decir, los extranjeros nacidos en Latinoamérica tienen menos formación que los nativos a causa de la falta de oportunidades para ellos y sus padres en su país de origen, o bien porque los inmigrantes tienden a asentarse en distritos escolares pobres, ubicados en el centro de la ciudad. Esta teoría se refuerza con la mejora del acceso a una amplia variedad de oportunidades en el mercado laboral.¹¹ Este análisis genera dudas sobre si las protecciones del VRA son todavía necesarias para garantizar los derechos políticos de la población latina. No obstante, los latinos siguen percibiendo la discriminación lingüística como un gran problema (figura 4).

Un segundo punto de discordia son las partidas presupuestarias que generan la impresión de los boletos de votación en otros idiomas y la asistencia lingüística. Ante el Congreso, un testigo que se opone a la asistencia bilingüe hizo hincapié en datos incluidos en un estudio de la Oficina de Administración y Presupuesto (GAO), que indica que el coste de dicha asistencia en español, chino, vietnamita, japonés y filipino en el condado de Los Ángeles aumentó de más de 1,1 millones de dólares en 1996 a más de 3,3 millones en 2002. En el condado de San Juan, Utah, la impresión de los materiales multilingües en el periodo electoral de 1966 supuso el sesenta y cuatro por ciento del coste total de las elecciones en esa jurisdicción. Además, los críticos argumentan que algunas jurisdicciones invierten en este tipo de asistencia cuando no hay necesidad de ello. Un informe del GAO de 1986 indicó que las jurisdicciones a proporción de 10-1 otorgaron esta asistencia, aunque «no era necesario». El cincuenta y tres por ciento de las cuarenta y nueve jurisdicciones que respondieron a la encuesta del GAO afirman que nadie utiliza dicha asistencia lingüística en su jurisdicción. El condado de Yuba en California gasto 17,411 dólares para materiales de votación en español en una elección primaria de 1996, pero el oficial encargado de la inscripción de votantes informó que sólo en una ocasión se le solicitó información en español durante sus dieciséis años de trabajo en este puesto. Del mismo modo, en 2004 el Departamento de Justicia encargado de implementar al VRA les ordenó a los oficiales de Breezes, Florida, imprimir avisos en español para una elección local, porque la ciudad se encuentra en un condado controlado por el VRA, a pesar de que los datos del censo mostraban que el noventa y ocho por ciento de los residentes de este pueblo son ciudadanos de los Estados Unidos y el noventa y nueve por ciento habla inglés «muy bien».¹² Los críticos también notan que tener que proporcionar papeletas del voto en varios idiomas y la extensión de cada boleto complica la administración electoral. En este sentido, oficiales de las elecciones en la ciudad de Denver arguyen que es difícil encontrar espacio en las pantallas de las máquinas electrónicas de votación para las traducciones en español, aumentando las dificultades cuando es necesario incluir boletos en más idiomas. Todos estos problemas se agravan aun más cuando se intenta prestar asistencia en otros idiomas, como el chino.

A pesar de estos reclamos, los latinos todavía enfrentan obstáculos cuando tratan de votar, lo que es particularmente problemático ya que el VRA fue diseñado para superar estas dificultades. La situación se agrava aun más cuando se solicita a los latinos demostrar su ciudadanía con más frecuencia que a los «americanos». Hay que reconocer, sin embargo, que tal trato ha disminuido de manera significativa en las últimas décadas.¹³ No obstante, como lo ilustra un oficial de las elecciones de Texas en un caso reciente, los votantes latinos siguen siendo victimas de prejuicios. En una reunión de entrenamiento, una funcionaria les sugirió a unos jueces de elección hablarles a los latinos lentamente y en voz fuerte la siguiente frase incongruente, «Sit hacia abajo, llamaré una persona que le ayude a. Un momento por me favor, teléfono alguien».¹⁴ Finalmente, la preocupación histórica de que los latinos no logren incorporarse a la comunidad política nacional sigue en pie. La figura 5 ilustra el hecho de que apenas el cincuenta y dos por ciento de los inmigrantes que se han hecho ciudadanos estadounidenses hablan inglés «muy bien» o «bastante bien». Este patrón apoya el argumento del destacado politólogo Samuel Huntington¹⁵ y otros comentaristas de derecha como Phylis Shafly, Lou Dobbs y K. C. McAlpin. Cabe señalar que, con una posible excepción¹⁶ ninguna investigación empírica demuestra la validez de esta perspectiva.¹⁷

El impacto positivo de estas medidas se palpa en la creciente importancia de los latinos en las elecciones nacionales del 1988-2004. En dichas elecciones, la comunidad latina no solo logró conseguir la atención de varios candidatos de ambos partidos, sino que también aumentó su participación con un mayor número de candidatos latinos, muchos de los cuales lograron triunfos electorales. Aunque estos cambios generan oposición dentro del seno del partido republicano y de ideólogos de derecha en general, se debe reconocer que ello permite mejorar la democracia en Estados Unidos al incorporar más ciudadanos al sistema electoral. Por lo tanto, al contrario de los argumentos de Huntington, las medidas del VRA, las cuales derivan de factores lingüísticos, contribuyen a la construcción de una comunidad política nacional más democrática. Prueba de ello son los triunfos electorales de Ken Salazar en Colorado, de Antonio Villaraigosa a la alcaldía de Los Ángeles, de Bill Richardson a la gobernación de Nuevo México y de Robert Menéndez al senado por Nueva Jersey. Todos estos latinos fueron elegidos por una coalición de ciudadanos latinos y no-latinos.

También es importante tener en cuenta que aunque el VRA les garantiza a todos los ciudadanos latinos mayor acceso al sistema electoral, esta medida no permite el mismo trato a latinos que hablan inglés y a los que solamente dominan el español en términos de participación electoral. Como era previsible, la asistencia en español es de menor valor que las protecciones electorales a aquellos que hablan inglés.¹⁸ Esto ocurre porque los beneficios del VRA mejoran la estructura del sistema electoral pero no necesariamente eliminan los problemas de acceso a las urnas que sufren los latinos que sólo o principalmente dominan el español. Para ellos, el impacto de las medidas del VRA es mínimo.

Los medios de comunicación masivos son una fuente de apoyo de mucha importancia para los latinos. Desafortunadamente, existe poca investigación sobre el impacto de estos en la formación de valores y actitudes de los latinos y como afectan a su incorporación al consenso democrático nacional. Lo que no se puede negar es que estos medios cobijan los intereses de negociantes y, por lo tanto, es poco probable que aboguen por políticas que sólo defiendan los intereses de la comunidad latina.

Por último, es importante analizar si los latinos quieren mantener y promover un conjunto de valores y preferencias distinto en comparación a las corrientes nacionales y si pueden movilizarse para influir en los resultados electorales.

Numerosas encuestas y análisis indican claramente que los valores cívicos latinos y las preferencias políticas encajan bien dentro de los parámetros de la nación estadounidense.¹⁹ Se ubican dentro de la izquierda del partido demócrata con relación a temas de política económica, mientras que se identifican con el centro-izquierda apoyando programas del gobierno para ayudar a los pobres. Sin embargo, los latinos son mucho más conservadores cuando tratan temas relacionados con los «valores familiares» como el aborto y la homosexualidad. Los latinos no están tan a favor del militarismo estadounidense como la mayoría de la ciudadanía «americana» y, obviamente, favorecen la legalización de los inmigrantes indocumentados, sin que ello implique que se incremente la inmigración indocumentada. Igualmente, los latinos quisieran que Estados Unidos mantuviese vínculos más estrechos con los países de América Latina. En resumen, los latinos se ubican plenamente dentro del pensamiento o el espacio político del partido demócrata.

A pesar de todo,²⁰ los latinos han tenido poco impacto en las elecciones importantes: alcaldías de las grandes ciudades, senados estatales, gobernaciones o elecciones presidenciales. De hecho, el voto latino sólo ha sido un factor decisivo en las elecciones presidenciales en Florida en el 2000 y el 2008 y en Nuevo México en el 2008, donde dicho grupo representa entre el treinta y cinco y cuarenta por ciento de la población, lo que le ha permitido tener un gran impacto en las elecciones gubernamentales y legislativas. Para poder replicar esta experiencia en otras regiones, se requiere que el voto «americano» se divida en forma notable y que los latinos salgan a votar. Rara vez se cumplen estas condiciones.

El impacto que los hispanohablantes tienen en el diseño de políticas nacionales se asemeja a sus efectos en las elecciones, es decir, pese al crecimiento en el número de votantes y representantes en las legislaturas, la posible influencia que pudieran ejercer sobre estos procesos supera la medida en que lo han logrado. Un ejemplo de esto es que los representantes latinos, contando con el apoyo del voto latino, no lograron mantener los programas de educación bilingüe en California en 1998. Lo único que lograron fue la disminución de la mayoría electoral con la cual se aprobó la eliminación de estos programas.

Conclusión

El español se ha establecido como un componente institucionalizado de la política de los Estados Unidos, sin embargo, su impacto no es fácil de entender. Ello es evidente al examinar los valores y las preferencias políticas de los latinos y de la transición del uso del español al inglés en las generaciones más jóvenes. Para finalizar este estudio podemos afirmar que no existe evidencia de que el creciente uso del español desestabilice la democracia de la nación. Esto se comprueba por el análisis de los valores cívicos y las preferencias políticas que caracterizan los sentimientos de los latinos, y por la transición lingüística del español al inglés a través de tres generaciones. También se debe reconocer que, aunque el costo de implementar las protecciones según las clasificaciones lingüísticas justificadas por la discriminación histórica para asegurar que los latinos tengan acceso al proceso político puede ser costoso para pequeñas jurisdicciones, son mínimas en comparación al valor que producen para el bienestar de la sociedad. Por último, a pesar de estas medidas, es evidente que la incorporación del español al sistema electoral no ha llevado a la nación en direcciones antidemocráticas, ni ha generado nuevos tipos de políticas en su agenda. Por lo tanto, parece razonable argumentar que lograr incorporar el idioma español al seno político ayudará indudablemente a la nación a cumplir con su promesa democrática sin alterar significativamente sus instituciones o políticas.

Notas

• 1. Le agradezco a la Dra. Milena Gómez su muy gentil colaboración y ayuda en la traducción de este estudio.
• 2. Jorge Ramos, The Latino Wave, Harper Collins, New York, 2004; See R.O. de la Garza and Louis DeSipio, Muted Voices: Latinos and the 2000 Election, Roman & Littlefield. Lanham, Md., 2005, for an empirical analysis of the Latino vote.
• 3. Because this seminar focuses on issues associated with the use and impact of Spanish, this paper does not analyze topics such as immigrations which is another issues whose increased salience reflects the growing influence Latinos have on U. S. politics.
• 4.  J. S. Mill. Considerations on Representative Government. Prometheus Books: Amherst, New York, 1991.
• 5. J. S. Mill. On Liberty. London: Penguin Classics, 1985.
• 6. Alan Patten, Political Theory, supra note 8, at 701. See also Mark S. Nadel, Customized News Services and Extremist Enclaves in Repubic.com, 54 STAN. L. REV. 831, 836-37 (2002).
• 7. Grimm, Does Europe Need a Constitution? 1 EUR. L. J. 282, 295 (1995).
• 8. A pesar de que este estudio se basa en ejemplos relacionados a los latinos, se pueden substituir ejemplos semejantes reflejando experiencias de otras minorías étnicas.
• 9. Alexander Deconde Ethnicity, Race and American Foreign Policy. Boston: Norteastern Univ. Press, 1992.
• 10. 384 U.S. 672, 86 S.Ct. 1728, 16 L.Ed.2d 848 Martha Cardona, Appellant, v. James M. Power et al., No. 673. Argued April 18, 1966. Decided June 13, 1966.
• 11. Rodolfo O. de la Garza, Jerónimo Cortina y Pablo M. Pinto. No te entiendo: The Effects of Bilingualism on Hispanic Earnings. ISERP, Columbia University, 1998.
• 12. K. C. McAlpin, Testimony for the CONSTITUTION SUBCOMMITEE OF THE HOUSE JUDICIARY COMMITTEE, November 9, 2005.
• 13. De la Garza Rodolfo O. y Louis DeSipio (eds.) Muted Voices: Latinos and the 2000 Election. Boulder: Rowman and Littlefield, 2004.
• 14. Austin American Statesman, Nov. 12, 2009.
• 15. Huntington, Samuel P. Who Are We? The Challenges to America’s Identity. New York: Simon & Schuster, 2004.
• 16. Staton, Jeffrey K., Robert A. Jackson, and Damarys Canache. «Dual Nationality Among Latinos: What Are the Implications for Political Connectedness?» Journal of Politics 69 (2): 470-Journal of Political Science, vol. 40, 1997.
• 17. R. O. de la Garza and Louis DeSipio. «Save the Baby, Change the Water and Get a New Tub: Latino Electoral Participation After Fifteen Years of VRA Protection» Texas Law Review, v. 71, n.º 7. 1993.
• 18. De la Garza and Sen, forthcoming; Uhlaner, Carole J., and F. Chris Garcia. «Latino Public Opinion». In Barbara Norrander and Clyde Wilcox, ed. Understanding Public Opinion, 2nd Edition. Washington, DC: CQ Press, 2003.
• 19. Jorge Ramos, The Latino Wave, Harper Collins, New York, 2004.
• 20. De la Garza Rodolfo O. and Louis DeSipio (eds.) Muted Voices: Latinos and the 2000 Election. Boulder: Rowman and Littlefield. 2004.