Hace 99 años Rafael Altamira publicaba su libro La huella de España en América. Este ilustre intelectual, nominado al Premio Nobel de la Paz, tuvo que abandonar su país en 1936. Fue acogido en México al igual que tantos otros profesores, profesionales, personas cultas y honestas que huían de la barbarie. Su dedicación al derecho, a la política, a la universidad y a América explica que lo cite en la introducción de mi ponencia. Así, también voy a recurrir a la definición de instituciones recogida en su obra:
En efecto, la palabra «instituciones», que tiene ya un concepto claramente definido en Sociología y en Derecho, indica series de fenómenos y de organizaciones que tocan a la raíz social, jurídica y económica de la vida americana, antigua y presente, ya que si lo jurídico se encuentra necesariamente como condición formal, en todas ellas, el fondo pre-jurídico sobre el que descansa, a que se moldea y de que es garantía y medio de desarrollo el Derecho, corresponde a la fenomenalidad propiamente social y a la económica que la sigue y penetra en infinidad de casos.
(Altamira, 2008: 41)
La raíz social y cultural, por tanto, precede a lo económico y lo jurídico. Y la lengua antecede a todo ello, así pues, no es posible comprender las instituciones públicas americanas sin su impronta lingüística. Las palabras expresan los conceptos, comunican el modo de organizarse las sociedades en sus distintas vertientes: lo político, lo económico, lo internacional. ¿Acaso somos conscientes de la oportunidad extraordinaria y las múltiples implicaciones de compartir una lengua? De Cádiz a Arequipa, de Salamanca a Guadalajara, de Barcelona a Bogotá, al entrar en un café, un tribunal, un colegio o una municipalidad escuchamos la fonética del español, comprendemos su semántica y somos conscientes de entendernos, de la capacidad fantástica de percibir las ideas detrás de la gramática y de la sintaxis. Además de la lexicografía lingüística, existe una compilación institucional (política, económica y jurídica), lo que nos sitúa en clara ventaja respecto de aquellos países del mundo donde necesitan conocer un idioma distinto para hablar fuera de sus fronteras, carecen de un espacio global como el nuestro, generado hace más de cinco siglos y sostenido con creciente brío, ahora en Cádiz.
Rafael Altamira personificó hace un siglo lo que debemos seguir haciendo hoy. Su biografía expresa los temas principales de esta ponencia: el valor de la comunicación en español, la utilidad de la política por su capacidad transformadora del mundo, la importancia del derecho para realizar la convivencia y una globalización cultural que él mismo practicó, al recorrer América para hermanar investigadores de universidades al otro lado del Atlántico en el común propósito de servir al desarrollo de nuestras sociedades.
El español es la lengua en la que se expresan los gobernantes y actores políticos en las repúblicas americanas y la monarquía constitucional de España. Este idioma propicia la formación de consensos y la radicalización de disensos. En este momento histórico que vivimos debemos preocuparnos por la proliferación de un lenguaje político hostil, denigrante y desconsiderado con los otros puntos de vista. Una de las labores de los cultivadores de la lengua puede ser (y suele ser a menudo) identificar esas derivas del lenguaje político, cuyas peores expresiones se encuentran hoy en las redes.
No es ésta una propuesta por lo «políticamente correcto», sino una llamada a la recuperación de la lengua del entendimiento y la concordia, la selección de las palabras que favorecen el consenso en las sociedades, la búsqueda de la idoneidad del discurso respetuoso. La tendencia política predominante hoy parecer ser el «agonismo», enemigo claro de la democracia liberal, un marco que creo necesario preservar, también con la lengua.
El concepto mismo de democracia, esa palabra tan importante —y tan manipulada— merece un estudio detenido en su significado histórico, así como un análisis —que voy a ofrecer en esta ponencia— de algunas de sus instituciones basilares: el gobierno local, la autonomía universitaria o la rendición de cuentas de los gobernantes. Tres aportaciones de España al acervo común de la misma lengua, del lenguaje institucional por fortuna compartido.
La construcción de la democracia pasa siempre por la defensa de la libertad, tal y como explican las biografías de tantas mujeres y hombres en América y en España. Ahora voy a tomar como ejemplo a la poeta nicaragüense Gioconda Belli, cuya biografía, relatada en El país bajo mi piel, nos enseña mucho sobre la lucha por unos ideales vigentes, así como demuestra la profunda conexión entre la lengua, la política y la poesía:
A la semana siguiente de mi partida, agentes de la Seguridad somocista se presentaron en mi oficina en la agencia de publicidad y se llevaron mis papeles. Pocos meses después mi nombre se añadió al de cientos de personas juzgadas por el Tribunal Militar Especial. Mis padres contrataron un abogado defensor que leyó algunos de mis poemas como prueba de mi amor por la Patria. Me condenaron a prisión en ausencia. A Jacobo los agentes de la Seguridad somocista lo enterraron de pie, en un patio bajo el sol inclemente, durante una semana dejando fuera sólo su cabeza. Sus carceleros lo patearon y le vaciaron encima desperdicios y orines. Pero no habló. Su silencio permitió que yo nunca cumpliera mi condena.
¿Cuál es la fuente de la libertad? Como demuestra este párrafo conmovedor y verídico, el coraje humano es la clave, pero después de los audaces momentos de reivindicación y propuesta, necesitamos así mismo las instituciones, es preciso el derecho, los derechos.
Voy a detenerme en estas conexiones entre la lengua, la literatura y los derechos porque, desde las reflexiones sobre el impacto de La cabaña del tío Tom en el pensamiento abolicionista, es un lugar común reconocer la empatía despertada por la novela y otros géneros. Así que hemos de reconocer el rol de quienes escriben en español como realizadores de la democracia, del impero de la ley, del respeto de las libertades y de la denuncia de las atrocidades cometidas por los regímenes autoritarios. ¿No han sido los poetas los primeros en expresar el rechazo de la opresión tantas veces?
La lengua, hablada y escrita, oída y leída, transmite emociones y sentimientos individuales y colectivos. Las palabras empleadas para describir situaciones de opresión —Nicaragua, Venezuela, Cuba— evocan una solidaridad más allá de los territorios y los tiempos.
Hay un género de la literatura en español que merece una atención especial en este momento, las novelas de dictador: Yo, el Supremo, El otoño del patriarca, El recurso del método, o La fiesta del Chivo. Mario Vargas Llosa, Augusto Roa Bastos, Alejo Carpentier o Gabriel García Márquez han escribo páginas memorables sobre los excesos y abusos de un poder descontrolado, carente de límites y amenazador de la más elemental dignidad humana. Este empleo de la lengua y la literatura para denunciar las violaciones de derechos es un activo institucional, un recurso tan relevante como pueden serlo las constituciones, las leyes o los tribunales.
Y además de la novela, por supuesto está la poesía. Por ello quiero destacar los versos contra la tiranía, los escritos por poetas ejemplares: Rafael Cadenas o Raúl Zurita. Versos como los de Zurita a los desaparecidos:
Fue el tormento, los golpes y en pedazos nos rompimos. Yo alcancé a oírte, pero la luz se iba.
Te busqué entre los destrozados,
Hablé contigo. Tus restos me miraron y yo te abracé. Todo acabó.
No queda nada. Pero muerta te amo y nos amamos, aunque esto nadie pueda entenderlo.
El derecho está plenamente unido a la lengua y a la comunicación humana. La América que habla español ha empleado esta lengua para escribir algunas de las páginas más fantásticas y memorables de la literatura, de la poesía. Los juristas deberíamos indagar más para hallar la verdadera fuente de los poderes constituyentes, porque el imaginario colectivo de agravio a las libertades inspira las constituciones tanto como las influencias del derecho comparado. Así como sin duda la Constitución de Cádiz tiene un ascendiente en el constitucionalismo americano, la lengua y la literatura imbuyen la respuesta política y legal.
Y en nuestra relación histórica, la denuncia de los abusos y los excesos perpetrados por los conquistadores debería ir siempre acompañada por el recuerdo de las iniciativas legales aprobadas para proteger a los pobladores de América contra comportamientos desaprensivos. ¿Quién pronunció el sermón de adviento, en La Española (actual República Dominicana)? Pues fue Fray Antonio de Montesinos. Ese alegato contra la injusticia catalizó las Leyes de Indias, con su grado desigual de cumplimiento, normas que llegaron a incluir previsiones avanzadas para la protección de la mujer frente al matrimonio forzado (Ots Capdequí, 1941).
Llegamos así al núcleo central de esta ponencia, dedicada al análisis de tres instituciones expresivas de una globalización civilizadora en el mundo hispánico, raíces culturales compartidas sin las cuales nuestros logros democráticos no serían verosímiles. Tres aportaciones de lo español a lo americano de trascendentes consecuencias.
Las tres instituciones elegidas para mostrar efectos beneficiosos de la globalización en el mundo hispánico son el municipio, la universidad y la rendición de cuentas. Hoy se mantienen en todos los países que hablan la misma lengua y disfrutan de las ventajas del autogobierno local (de clara influencia hispánica), de un modelo de universidad con autonomía (trasladada también en el siglo XVI desde España) y de la posibilidad de exigencia de responsabilidades a las autoridades y funcionarios, llevado desde Castilla hasta las audiencias y cancillerías del otro lado del Atlántico.
Las raíces del régimen municipal iberoamericano, verdadera escuela de la democracia, han sido estudiadas por Valentín Merino Estrada (2022). Su tesis doctoral apunta hacia la temprana influencia hispana, pero también señala la vuelta recurrente de esa tradición en cada uno de los períodos históricos de recuperación del autogobierno local.
El texto más influyente sobre las leyes locales americanas de los primeros tiempos fue el de las Leyes de Toro. Su aplicación subsidiaria en ausencia de la cobertura por los ordenamientos nacionales pervivió, expresando la versión prístina de las instituciones municipales: la participación de los vecinos, la propiedad pública de la tierra, el autogobierno en suma de los intereses comunales.
La Constitución de Cádiz de 1812 supuso otro hito en el proceso de globalización institucional porque este texto —hoy aquí debemos tenerlo muy presente— estuvo vigente a ambos lados del océano. Y sus mensajes de libertad, los derechos y el reconocimiento de los ayuntamientos son mucho más avanzados que los de otras normas posteriores. Las independencias americanas trajeron la consecuencia asociada de anulación del autogobierno municipal en muchas de las repúblicas, así que la separación de la raíz institucional compartida durante ese período dio lugar a un efecto secundario negativo, la pérdida de una tradición de democracia local que sería recuperada de nuevo más tarde, y otra vez por influencia hispánica.
A diferencia de otras naciones colonizadoras, España fundó universidades en América. El debate sobre la primogenitura, enfrentadas Santo Domingo y Lima, casi llega a nuestros días, lo que demuestra el interés y valor conferido por las sociedades a estas instituciones históricas.
Los estatutos y privilegios con los que fueran fundadas las primeras Casas se equiparaban a los de Salamanca. Los derechos de los estudiantes salmantinos fueron los reconocidos a las universidades americanas (Arciniegas, 1934). En el siglo XVI, una polémica sobre la posibilidad de que un nacido en la Nueva España fuera rector en Salamanca se saldó con la elección del americano, en una muestra de globalización que perdura hasta nuestros días.
Hasta hoy el modelo predominante en las universidades públicas iberoamericanas es un modelo participativo, muy democrático, distanciado de las opciones estadounidenses que descartan la participación en la elección de los órganos de gobierno. También es una impronta institucional hispánica la autonomía universitaria, cuya contribución al progreso de las libertades y el pensamiento disidente contra el autoritarismo se mantiene hasta nuestros días.
La capacidad crítica de la universidad explica que fuera en los claustros universitarios donde se forjaron algunas de las ideas básicas para preparar la independencia. Los discípulos de José Celestino Mutis, imbuidos por las aportaciones intelectuales de Humboldt, salieron del Colegio Mayor del Rosario: Jorge Tadeo Lozano, Camilo Torres o Francisco José de Caldas.
El vínculo entre el sentimiento nacional, el espíritu de libertad y el afán de saber es palpable en los grandes educadores del continente: Justo Sierra y José Vasconcelos, los padres de la Universidad Nacional Autónoma de México, primero sólo como Universidad Nacional, en 1910, luego dotada de autonomía. ¿Dónde se forjan los jóvenes que en español pedirán los cambios políticos y legales? En las aulas universitarias.
Hernán Cortés, el hombre más poderoso de México en su tiempo, paso por un juicio de residencia y regresó cargado de cadenas para ser juzgado. También Pizarro y otros sufrirían estas penalidades. La Corona española no dejaba margen para la extrema impunidad.
El juicio político actual tiene su antecedente en estos juicios de residencia. Cada vez que se procesa a un alcalde, un gobernador o un presidente de la República, se replica una impronta institucional de la primera globalización, diferenciada en gran medida de los juicios políticos de tradición anglosajona, donde la responsabilidad política no comporta penas de cárcel u otras consecuencias legales.
Hoy se habla de globalización del derecho, pero esto ya ocurrió hace quinientos años. Las instituciones jurídicas que sembraron el espíritu de la democracia y la libertad son parte de la huella de España en América a la que se refería Altamira. Gracias al autogobierno municipal, a la autonomía universitaria y al principio de responsabilidad de los poderes públicos fueron posibles desarrollos comunes ampliadores de las capacidades humanas.
El imaginario de la conquista se asocia a influencias culturales literarias (Leonard, 1959). Los libros que circularon desde el siglo XVI en América y la libertad con la que la imprenta se instaló y pudo desplegar sus efectos de ampliación del conocimiento explican que las ideas de soberanía popular, derechos de la gente o tiranicidio fueran conocidas por los americanos. Y todo gracias a la lengua común, el español.
¿En qué lengua se leyeron los comentarios a la Constitución de Cádiz? El manual escrito por Ramón de Salas y Cortés estaba escrito por un profesor de la Universidad de Salamanca en español. Este doctor por Salamanca, tan belicoso en los claustros, escribió un texto que sería utilizado en las facultades de Derecho americanas para explicar la común Constitución gaditana, la que fue aprobada bajo la presidencia de Diego Muñoz Torrero.
La Constitución de Cádiz, norma fundamental compartida, contenía una idea de gobierno y de justicia cuyas raíces eran más profundas, incluyendo el ascendiente de la revuelta de las comunidades de Castilla y el régimen de la propiedad comunal de la tierra que se replicaría en América. La primera globalización jurídica explica muchos de los sistemas de administración iberoamericanos, sostenidos hasta hoy desde el universal de buen gobierno y equidad.
Las palabras para defender los derechos son también comunes y nos permiten entendernos (RAE, 2023), en el sentido más amplio de la expresión. La libertad, la independencia, la autonomía, la soberanía no pueden ser comprendidas sin este origen histórico y cultural, el que nos permite pensar y expresar tales conceptos en la misma lengua, nuestra lengua.