La Federación Internacional de Organizaciones de Derechos Reprográficos, IFRRO, ha estimado que las pérdidas económicas anuales que sufren los titulares de derechos de obras impresas pirateadas o reproducidas ilegalmente en Europa deben estimarse, al menos, en 350 millones de euros, unos 341 millones de dólares. Un reciente estudio encargado por CEDRO, el Centro Español de Derechos Reprográficos, entidad de gestión colectiva de autores y editores, afirma que en España se fotocopian cada año 26 352 millones de páginas, de las cuales 4812 millones son de material protegido por el derecho de autor. Y, según las estimaciones que se barajan para el área, en Latinoamérica el número de páginas fotocopiadas de material protegido podría alcanzar los 50 mil millones sobre un total de 250 mil millones de páginas fotocopiadas.
La simple enumeración de estas cifras da una primera idea de la magnitud e importancia de un fenómeno que está afectando al libro como soporte, a la edición como industria y al derecho de autor como sostén normativo de las relaciones entre autores, editores y compradores o usuarios de lectura. Es también una manifestación muy significativa de los cambios que se producen en el entorno de nuestra industria como consecuencia de los desarrollos tecnológicos en los campos de la reprografía, las telecomunicaciones y los ordenadores. Como no podía ser de otro modo, gran parte de las sesiones de los congresos o encuentros de autores y editores se dedican a esos desarrollos y a sus repercusiones en los derechos de autor.
Uno de los efectos de estos cambios ha sido el alargamiento de la cadena que une al autor con el lector. El libro ya no es un producto final: puede ser copiado y hasta reproducido de otra forma. La fotocopia y otras técnicas permiten nuevas utilizaciones objeto, a su vez, de la actividad económica de otras empresas, lo que parece relegar al libro a la débil posición de fuente primaria de información.
Los desarrollos de la reprografía se han traducido en una notable mejora de la calidad de las fotocopias, en una creciente versatilidad y manejabilidad de las máquinas fotocopiadoras y en precios cada vez más accesibles de máquinas y copias.
La fotocopia, reservada antes al uso interno de las empresas o de las instituciones se ha vuelto algo accesible, cotidiano y hasta trivial; se ha banalizado, si se me permite la expresión. Como consecuencia, no sólo se ha producido un aumento espectacular del número de copias sino también de los establecimientos y servicios reprográficos que operan bajo una amplia gama de denominaciones: fotocopisterías, copisterías, copy service, etc.
Paralelamente se ha ido consolidando un sector económico nuevo con actores provenientes de mundos ajenos al libro, alentado por las facilidades que dan los fabricantes e importadores, generalmente grandes multinacionales, y por la demanda social creciente. Desde luego, el respeto a los derechos de autores y editores no suele encontrarse, en principio, entre sus prioridades más urgentes.
En España, a mediados de la década de los ochenta la Federación de Gremios de Editores tomó conciencia del problema de la reprografía y de sus consecuencias negativas para la edición.
Para el diseño de estrategias de defensa se tuvieron en consideración una serie de percepciones básicas cuyos posteriores desarrollos han permitido encontrar soluciones prácticas y realistas.
La primera es que el problema de la reprografía afecta especialmente a los autores y a los editores, dos colectivos que en el pasado han mantenido posiciones contrapuestas y, alguna vez, hasta de enfrentamiento.
La segunda es que en el centro de cualquier solución está el reforzamiento del derecho de autor: las soluciones por otras vías —por ejemplo, las leyes de comercio— a la larga resultarían menos potentes que un derecho tan específico como el de autor.
Por último, poco a poco y no sin dificultades, se abrió paso la conveniencia de que se propiciaran modificaciones normativas tendentes a establecer soluciones de carácter colectivo en una cuestión en que las acciones individuales están condenadas al fracaso.
Como reconoce un documento de la Federación de Gremios de Editores de España de 1994:
La mirada del editor, y con él la de quienes utilizan la creación intelectual y artística como materia prima, se vuelve hacia el Derecho de Autor abandonando los planteamientos tradicionales de desconfianza y reapreciándole como el mejor instrumento ante la aparición del sector terciario. Autores y editores coinciden en el mismo lado de la batalla que antes los enfrentaba y reclaman la actualización de las leyes de autor, o constituyen entes de gestión colectiva de derechos.
Y resume así la situación: «La cadena se alarga, el soporte se diluye y la gestión se socializa».
De esta manera, autores y editores se rindieron ante la paradójica evidencia de que los derechos individuales precisan en este asunto, para hacerse efectivos, de soluciones colectivas.
Por mucho que los autores rehúyan asociarse y los editores tiendan a la competencia de unos con otros, en esta ocasión, decidieron colaborar y constituyeron CEDRO —Centro Español de Derechos Reprográficos—, cuyo fin principal es la protección del autor y editor de obras impresas o susceptibles de serlo, divulgadas tanto en formato analógico como digital, en el ejercicio de sus derechos de carácter patrimonial, mediante la gestión colectiva de estos derechos, y la promoción de actividades y servicios de apoyo o de carácter asistencial en beneficio de sus asociados.
En sus 12 años de existencia, CEDRO ha conseguido —permítanme estos botones de muestra—:
Transcurrida una década larga desde la constitución de CEDRO, la defensa de los derechos de autores y editores frente a la reprografía ilegal ha experimentado progresos indiscutibles. Simultáneamente, surgen y se desarrollan con enorme velocidad cambios tecnológicos que suponen, además de increíbles oportunidades, gravísimas amenazas para los derechos de autor cuales son las derivadas de la digitalización y de la transmisión en línea Internet o intranet. CEDRO se prepara, por indicación de sus socios, para nuevas competencias en este campo dotado, ahora, de la experiencia y el músculo que ha ido formando durante estos años de lucha contra la reprografía ilegal. Con ese fin, el primer paso se dio durante el año 2000, en el que CEDRO reformó sus estatutos, en un proceso que culminó en febrero de 2001, con la autorización del Ministerio de Cultura para ampliar su capacidad de gestión al ámbito digital.
Pero, por alentadores que estos resultados pueden parecer, no dejan de ser parciales y corresponden a un solo país; únicamente representan a una parte del vasto conjunto cultural, lingüístico y económico que conforma el espacio del libro en español y portugués.
Se puede suponer, sin temor a equivocarse, que la edición y el comercio del libro en Latinoamérica se ven afectados, cada vez más, por el fenómeno de la fotocopia y de la piratería que parece haber tomado un volumen sin precedentes y es causa de cuantiosos daños para los editores y otros titulares de derechos.
Esta región, de grandes contrastes económicos y sociales y con distintos grados de desarrollo posee, sin embargo, en cada país los marcos legales, y las instituciones públicas y privadas que hacen posible la creación de sociedades de gestión colectiva de derechos u otros instrumentos análogos. Me refiero en concreto a las leyes de derechos de autor, a las Cámaras del Libro y a las asociaciones de autores. En dos países, México y Brasil, los esfuerzos de los editores ya han dado como resultado la puesta en funcionamiento de entidades de gestión colectiva de derechos: CeMPro y ABDR respectivamente.
En los últimos cinco años, simultáneamente a la consolidación de estas instituciones, organismos internacionales como OMPI, UNESCO, IFRO, regionales como CERLALC (Centro Regional del Libro para América Latina y el Caribe) y GIE (Grupo Interamericano de Editores), subregionales como SIECA (Secretaría de Integracion Económica Centroamericana), y nacionales como las direcciones de derechos de autor y las Cámaras del Libro, a veces con el apoyo de CEDRO, han divulgado y capacitado sobre el derecho de autor.
Por otra parte, se puede suponer que el fotocopiado en la región gira en torno a dos grandes ejes: el informal (el de las pequeñas tiendas cuyo ingreso principal no es el de las fotocopias) y otro, institucional y que es el segundo, que engloba bibliotecas, universidades, instituciones oficiales, culturales y grandes empresas, donde presumiblemente se produce el mayor volumen de fotocopiado. Y aquí cabe sentar la hipótesis alentadora de que en este sector moderno y formalizado, sometido a leyes, regulaciones y controles, existe ya, de alguna manera, conciencia del problema y ello, precisamente, ha de facilitar la concertación y el acuerdo con las instituciones que legítimamente representen a los titulares de derechos.
A la luz de estas premisas, si se quiere continuar eficazmente por el camino de la creación de instrumentos concretos contra la piratería y la reprografía, parece del todo imprescindible avanzar en la obtención de más y mejor información. En este sentido son significativos los datos que se desprenden de una reciente encuesta encargada por CEDRO que sobre la cuestión se ha venido realizando durante los primeros meses del año 2000.
La investigación partió del supuesto de que el primer paso debía consistir en auscultar a uno de los colectivos más afectados por el problema y el que presenta mayor grado de organización gremial en la región —los editores, por supuesto—, en la convicción de que sin la voluntad de los editores es imposible establecer sociedades de gestión u otros mecanismos análogos. El otro colectivo de titulares, los autores, parece estar demasiado disperso y adolecer de falta de mecanismos representativos.
El cuestionario, que comprendía cerca de una veintena de preguntas, fue remitido a las Cámaras del Libro de 19 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Solamente un país no respondió y en todos los casos las respuestas provinieron de los presidentes o de los directores ejecutivos de las Cámaras, lo que de por sí ya da una idea del interés que la cuestión despierta.
En esta encuesta destacan tres respuestas unánimes:
Primero: todos los encuestados, sin excepción, consideran de vital importancia el establecimiento de una entidad de gestión de derechos reprográficos en su país.
Segunda: en ningún país existe censo de fotocopias ni conocimiento de los importadores de máquinas fotocopiadoras. Xerox e IBM son las marcas más citadas a la hora de señalar las que están prestando servicio.
Tercero: todas las Cámaras, con la lógica excepción de la de los dos países que ya tienen en funcionamiento entidades de gestión de derechos, consideran muy importante recibir asesoría en todas las cuestiones.
Estos tres puntos evidenciaron en mi opinión: a) la existencia de una fuerte conciencia del problema y de la necesidad de conocer su verdadero alcance; b) la voluntad generalizada en las instituciones profesionales de poner en pie instrumentos que de manera concreta y práctica encaren el problema de la reprografía; y c), por último, la percepción de que las características y magnitud casi continental del asunto exigen de acciones solidarias y concertadas que abarquen a todas las instituciones de los editores: desde las nacionales y las regionales, a las internacionales.
A raíz de estas conclusiones del estudio, se emprendió una serie de acciones para fortalecer la lucha contra los fenómenos de la reprografía ilícita y la piratería, para alentar la creación de nuevas entidades de gestión colectiva de derechos de reproducción en la región, y, por último, para establecer mecanismos de cooperación entre las entidades ya existentes.
En la puesta en marcha de esas iniciativas, ha resultado clave la colaboración entre CEDRO y el Grupo Interamericano de Editores (GIE), colaboración formalizada en un convenio suscrito entre ambas organizaciones en octubre de 2000. Su primer fruto tuvo lugar un mes más tarde, en la ciudad mexicana de Guadalajara, donde se celebró un Taller para el desarrollo de entidades de gestión de derechos reprográficos en América Latina, organizado conjuntamente por GIE y CEDRO.
En ese encuentro participaron representantes de la International Federation of Reproduction Rights Organisations (IFRRO), del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y El Caribe (CERLALC), de la Asociación Brasileña de Derechos Reprográficos (ABDR) y del Centro Mexicano de Protección y Fomento de los Derechos de Autor (CeMPro), además de delegados de las Cámaras del Libro de Argentina, Colombia, Chile, Ecuador y Uruguay, países que se encuentran en condiciones óptimas para crear entidades de gestión. Asimismo, participaron representantes de la Federación de Gremios de Editores de España.
El Taller fue una excelente ocasión para conocer los progresos realizados por las tres entidades de gestión del área iberoamericana, así como los avances producidos en el proceso de constitución de nuevas entidades.
Las conclusiones del Taller destacaron el hecho de que el derecho de autor y la protección de la propiedad intelectual constituyen un apoyo imprescindible para la creación individual, para el desarrollo cultural y en general para la riqueza y el progreso de los pueblos. Por otra parte, se puso de manifiesto que, ante adelantos tecnológicos como los sistemas reprográficos, es necesario proteger los derechos de reproducción de autores y editores a través de sociedades de gestión colectiva.
El encuentro sirvió también para apreciar el consenso existente en torno a la idea de que, teniendo en cuenta la existencia en Iberoamérica de un espacio editorial y cultural compartido, resulta preciso apoyar el funcionamiento de las entidades de gestión de derechos de autor de los países de esta comunidad y promover la creación de nuevas entidades, así como establecer mecanismos de cooperación estable entre ellas.
Las organizaciones participantes se comprometieron a desarrollar las siguientes iniciativas y acciones:
En relación con este último punto es de destacar el hecho de que, durante el año 2001, ABDR, CeMPro y CEDRO han suscrito entre sí estos convenios bilaterales de representación recíproca, de gran importancia.
El foro de Guadalajara ha tenido continuidad en el año 2001 con una segunda reunión celebrada en San José de Costa Rica en el mes de junio, organizada igualmente en el marco del convenio de colaboración entre CEDRO y el GIE. En ella, se valoraron los avances experimentados en los meses anteriores en este proceso de potenciación de los mecanismos de defensa de los derechos de propiedad intelectual de autores y editores en el área latinoamericana.
Así, los representantes de las Cámaras del Libro de Argentina, Chile, Colombia y Ecuador dieron cuenta de la próxima aprobación de los estatutos de las sociedades que en sus países gestionarán de forma colectiva los derechos de reproducción reprográfica.
A estas iniciativas desarrolladas conjuntamente por CEDRO y el GIE, hay que añadir la elaboración de un informe sobre la piratería editorial en Iberoamérica, en el que se determinará el volumen, la ubicación y el alcance territorial de este fenómeno, y se apuntarán posibles acciones y mecanismos de lucha contra esta lacra del sector del libro.
Al eje de colaboración en el que se han comprometido CEDRO y el GIE, hay que añadir las acciones que se han empezado a desarrollar en el marco de cooperación creado entre CEDRO y el CERLALC. Son ya dos los convenios suscritos entre los dos organismos, con los mismos fines. En el último de ellos, firmado en junio de este año, el CERLALC se comprometió, entre otras acciones, a elaborar, con el apoyo de CEDRO, una guía práctica en la que se describirán el procedimiento y los recursos necesarios para crear entidades de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual.
Por otra parte, el CERLALC continúa con sus acciones de concienciación y formación de agentes del sector del libro y de organismos oficiales de los países latinoamericanos, en algunos casos con el objetivo de que se realicen reformas legislativas que mejoren el nivel de protección de los titulares de derechos de autor.
Como se puede apreciar por la somera enumeración realizada de las iniciativas en curso, hay en marcha una amplia, variada e intensa actividad, en la que están uniendo sus recursos y experiencias los organismos afectados y competentes, y que ya ha dado sus primeros resultados.