Las primeras elecciones municipales de la España democrática, celebradas en 1979, facilitaron el nacimiento de una nueva forma de entender la radio como medio de participación ciudadana.
Estas emisoras de titularidad municipal, es decir, propiedad de los ayuntamientos, y nacidas desde la ilegalidad, constituyen hoy uno de los elementos más enriquecedores para la sociedad civil.
Actualmente vienen emitiendo unas 600 emisoras locales de carácter público y alternativo, financiadas por los fondos públicos y la publicidad. Las radios municipales han venido desempeñando el papel de dinamizadores socioculturales de los entornos donde se ubican y cubren un espacio que la radio privada, por intereses comerciales, había abandonado.
La nueva sociedad española, fruto de la transición política, ha encontrado en ellas una forma de acceso a los medios que tradicionalmente le ha sido negada. La audiencia puede ahora participar y colaborar activamente en el proceso emisor desarrollando programaciones que responden a sus intereses. Nadie puede negar, con el paso de los años, la importante labor democratizadora que están llevando a cabo.
Tal vez estas emisoras municipales (EM) han suplantado en España a las reconocidas en el resto de Europa como ‘radios comunitarias’, con las que las distintas reglamentaciones no han sido muy benevolentes. La presión de las cadenas privadas, su afán por monopolizar el medio, ha sido el escollo más importante para propiciar un más amplio desarrollo de emisoras de carácter alternativo.
Las emisoras comerciales han venido considerando a las EM como competidoras, principalmente en el mercado de las audiencias, sin darse cuenta de su imposibilidad de satisfacer, desde un prisma comercial, todas las necesidades que las comunidades en las que se asientan demandan. El imperativo del beneficio tiene más relación con la defensa de intereses particulares que colectivos.
El cuestionamiento realizado por las emisoras privadas de las emisoras alternativas, abandona la realidad y se disfraza en una crítica dirigida hacia la falta de profesionalidad de sus realizadores y su contribución al empobrecimiento del lenguaje. Este mal, si es que existe o se produce, no es exclusivo de estos medios. Las cadenas de radio, monopolizadoras del mercado emisor, también abundan en la vulgarización del lenguaje y los contenidos, cuando precisamente sus grandes medios técnicos, recursos humanos y económicos deberían facilitarles el actuar como vanguardia radiofónica, o al menos, como garantes de la norma.
Considerando estas críticas hacia los medios alternativos en su valor, deberíamos tener en cuenta que el lenguaje no deja de ser un instrumento, cuyo principal fin es el establecer una comunicación primaria que con posterioridad conlleve la transmisión de conocimientos y el intercambio.
Si nos centramos en los aspectos del lenguaje, motivo de este congreso, Martín Barbero, gran conocedor de los medios alternativos latinoamericanos, narra una experiencia que ilustra la importancia de este tipo de comunicación y la inquietud cultural que desarrolla en sus usuarios. Un grupo de mujeres de un barrio pobre de Lima consiguió mediante un sistema de megafonía, en principio sólo utilizado por el administrador del mercado, comunicarse con sus conciudadanos realizando un símil de radio.
La experiencia fue censurada por una religiosa que «ridiculizó la forma de hablar de las mujeres y condenó la osadía de quienes ‘sin saber hablar’ se atrevían a hacerlo por los altavoces». Tras la frustración inicial de las protagonistas de esta radiomegáfono, vino la reacción: «Hemos descubierto que la religiosa tiene razón, no sabemos hablar y en esta sociedad quien no sabe hablar no tiene la menor posibilidad de defenderse ni de poder nada. Pero también hemos comprendido que con ayuda de este aparatito, podemos aprender a hablar». A partir de ese instante comenzaron a utilizar los escasos medios técnicos de que disponían para aprender a expresarse.1
La norma, a través de sus aspectos restrictivos, constituye también una forma, un método de castración de las voluntades al discriminar usos del lenguaje considerados no cultos y primar unas hablas sobre otras. Esta imposición de límites y fronteras que impiden el progreso, cuando no la simple comunicación. Estas imposiciones propician el desconcierto de quienes deben dar sus primeros pasos hacia la cultura y están obligados a apropiarse de un servicio básico, como la radio, para el desarrollo de la sociedad y no para el enriquecimiento económico y/o la monopolización de las ideas y, por tanto, del poder.
Los sistemas de comunicación no deben ni pueden ser restrictivos. Sería un síntoma negativo para el sistema de pluralidad democrático que constantemente predicamos. La defensa de los medios alternativos, —tal vez sea más correcto decir, coincidiendo con Rafael Roncagliolo, alterativos, por lo que tienen de cambio favorable—, aún amparados en el a veces criticado sistema de la doble financiación pública/privada, es responsabilidad del conjunto de la sociedad. Estos hábitos deben ser inculcados a través de nuestros sistemas educativos.
Sólo desde una posición que de manera innata asuma estos derechos como comunitarios, se puede propiciar su correcta defensa. En la medida en que avanzan las tecnologías y no se facilita su pleno acceso a la ciudadanos, podemos afirmar que se está generando una nueva sociedad de castas donde el dominio de unos sobre otros, tiende a perpetuarse. Este hecho facilita que unos progresemos sobre la base de la ignorancia de los demás.
Para Len Masterman: «Según avanzamos hacia una sociedad postindustrial de la información, en la que esta última está pasando a ser con rapidez, el elemento central de la economía desarrollada no se puede considerar adecuada, en modo alguno, una educación que no trate de resolver las implicaciones que tienen los avances de la tecnología de la comunicación».2
El ejemplo de defensa que la sociedad, y fundamentalmente la sociedad civil rural, realizó en España para conseguir el reconocimiento de las EM, siendo válido, no ha logrado todavía generar la suficiente conciencia en las administraciones públicas para que se ponga fin a la permanente inestabilidad en que viven estos medios locales. Si los entornos en los que se producen las emisiones de las radios municipales en España les permiten gozar de una gran aceptación, el clima de opinión creado por los radiodifusores comerciales no propicia en absoluto que se prestigie su labor. Tras 19 años de emisiones, estas radios públicas locales no han obtenido todavía la legalidad plena. Este desamparo esta propiciando, en muchos casos, su cierre, en otros su perdida de identidad y, como consecuencia, de los objetivos para los que nacieron.
La falta de recursos financieros y el argumento mercantilista dominante que antepone la rentabilidad económica a la social, es el principal obstáculo que encuentran en su futuro más inmediato. A estos factores habría que sumar la injerencia política, de manera que, en ocasiones, las EM constituyen un fiel reflejo a escala del modelo de comportamiento de los macromedios, ya sean públicos o privados, donde los intereses producen un esquema de funcionamiento que equilibra la información con la censura y autocensura encubierta.
En el resto de Europa movimientos similares desarrollados por las llamadas emisoras comunitarias sólo logran asentarse, ante la desprotección legislativa, en países donde existe la tolerancia legal y el necesario respaldo económico de colectivos, entidades privadas y organismos públicos. En estas circunstancias sólo Holanda muestra un panorama esperanzador fruto del apoyo del que gozan en la colectividad y de las aportaciones económicas recibidas por parte de las instituciones.
El caso de Suecia, país que se encuentra entre los pioneros en este tipo de procesos de comunicación alternativos, representa actualmente el modelo opuesto al holandés. La radio de participación ciudadana en el país nórdico, se encuentra en retroceso como consecuencia de la desaparición de la ayuda económica del gobierno, las fuertes restricciones sobre la cobertura de emisión y la consecuente dificultad para llevar a cabo recaudaciones publicitarias que faciliten su supervivencia.
En el congreso de radios y televisiones locales públicas y alternativas, celebrado a finales del pasado mes de enero en Jerez de la Frontera 3 se analizaron en profundidad los problemas actuales de estas emisoras. Entre algunas de las soluciones a su crisis permanente, los participantes del foro de Jerez hicieron especial hincapié en la necesidad de potenciar la creación de nuevas autoridades audiovisuales nacionales y regionales, encargadas de velar por el cumplimiento de las normas técnicas de emisión, la valoración del compromiso social de los medios y el control del traspaso fraudulento de licencias a cadenas. Circunstancia, esta última, que sólo favorece la consolidación de los monopolios existentes.
Todas las medidas y precauciones son pocas a la hora de garantizar el aprovechamiento pleno de los medios audiovisuales. Su gran penetración debe ser aprovechada, fundamentalmente, en entornos donde la interpretación de los códigos fonéticos representados en la escritura no pueden ser descodificados por todos los individuos, y en nuestra comunidad idiomática este problema sigue estando presente, a veces, de manera preocupante,. Es más, las nuevas tecnologías están creando un nuevo analfabetismo cuyas consecuencias deben ser todavía estudiadas.
No se trata de hacer un discurso catastrofista, porque la posibilidad de invertir esta situación siempre esta presente. El mismo afán de supervivencia del hombre termina manifestándose por encima de los intereses particulares y las conductas erróneas. Urge, en cambio, la adopción de medidas correctoras que posibiliten un futuro más igualitario apostando por un desarrollo sostenido y satisfaciendo por igual a todas las comunidades y estratos de la sociedad.
Cuando estamos planteando qué hacer con nuestro idioma común para evitar la pérdida de una identidad, provocada por la importación de extranjerismos, deberíamos, al mismo tiempo y como objetivo fundamental, buscar los mecanismos a través de los cuales se debe reconducir esta situación. Sin lugar a duda, los medios de comunicación son un vehículo ideal para la transmisión de la cultura pero deben serlo, desde una óptica plural que represente los intereses de toda la sociedad. Plantear un idioma común significa además reconocer todas las hablas existentes bajo el paraguas de la llamada lengua española, terminología también cuestionada, y estas hablas necesitan además de expresarse con libertad, transmitirse para ser aceptadas, es aquí donde deben jugar un papel trascendental las emisoras alternativas.
Las distintas hablas son las que enriquecen nuestro idioma, pero entre ellas nace la incomprensión y constantemente nos vemos obligados a traducir giros y expresiones no asimiladas. Para las emisoras, públicas o privadas, con cobertura estatal, el reto de representar y dar espacio a todas las formas de expresión del castellano resulta una labor imposible. Reconocer la necesaria legalidad de la emisoras que hemos venido definiendo y apoyarlas con decisión es, con toda lógica, una labor urgente. Lejos de representar una ruptura idiomática o de fomentar localismos etnocéntricos, estaríamos ante la posibilidad de lograr aumentar la capacidad de comprensión cultural y respeto entre nuestros pueblos representados en sus modalidades de habla.
Las nuevas tecnologías deben también jugar aquí un importante papel, baste el ejemplo de Internet, donde ya podemos sintonizar multitud de radios que emiten en español desde los lugares más remotos. Una herramienta barata que también viene siendo utilizada por nuestras modestas emisoras locales. Este nuevo espacio de comunicación debería ser propicio para el intercambio de programas, las producciones conjuntas y la comprensión de los distintos episodios diferenciadores de nuestra cultura.
La existencia de medios locales de uso comunitario debería implementarse con la creación de pequeños centros multimedias locales, mediatecas, dado que el soporte papel no es el único existente, y a los magnéticos de vídeo y audio se suma el hecho de que la transmisión y recepción de la información se apoya cada día más en la informática.
Desde estos centros, espacios lúdicos de estudio, encuentro y ocio comunicativo, que vendrían a ampliar infinitamente las posibilidades de nuestras bibliotecas y donde se insertarían, compartiendo su dimensión, las emisoras de radio y televisiones locales, sería fácil ofrecer el acceso de los usuarios a las programaciones, a su consulta, a su participación directa, en definitiva a propiciar la máxima interactividad.
Estas propuestas no son ajenas a los compromisos de los medios audiovisuales con los centros de enseñanza para hacer presente la educación complementaria y reglada. Los contenidos educativos y de divulgación deben ocupar un lugar más destacado, siendo necesario para ello erradicar argumentos thatcherianos tendentes a mercantilizar toda actividad y a medir el éxito de un medio en términos cuantitativos.
Si el aprovechamiento de un idioma común sólo tiene como fin la creación de un espacio mercantil privilegiado, si no se aprovecha desde una óptica integradora esta sinergia, estaremos despreciando el único patrimonio que conforma el progreso de los pueblos, el único patrimonio común de esta colectividad que permite la supervivencia y el progreso armónico: la cultura. La utilización de este espacio idiomático por los medios, con el exclusivo fin de participar en el reparto y la consecución de poder económico y político, produce dividendos que sólo conducen a la posesión temporal y efímera de bienes materiales, no garantizando el futuro de nuestra comunidad en la aldea global.
Fruto de las reflexiones aquí expresadas son las conclusiones del Congreso de Jerez, ya comentado, que a continuación exponemos:
1. La necesidad de potenciar la comunicación local de carácter público y alternativo para facilitar el acceso de la sociedad civil a los medios como contribución a la democratización de la sociedad.
2. Los medios audiovisuales de carácter local deben ser herramientas que contribuyan a la transformación social, a favorecer el desarrollo del medio rural, acercándolo a los niveles de servicio existentes en las áreas metropolitanas.
3. Estos medios, sin ánimo de lucro, posibilitan la existencia de un mayor nivel de información en las sociedades que los acogen y, por tanto, su apoyo debe obligar a las administraciones públicas a elaborar normativas que contribuyan a su desarrollo y sostenimiento.
4. Las concesiones de licencias a estos medios públicos y privados debe recaer en una nueva autoridad audiovisual que represente los intereses del sector, la sociedad civil, las administraciones públicas, los representantes institucionales electos y las organizaciones sindicales. Esta autoridad audiovisual deberá tener capacidad ejecutiva para conceder licencias, sancionar o no renovar éstas en el caso de incumplimientos legales o de los fines promovidos originalmente.
5. Se recomienda la creación de federaciones y plataformas que integren a las distintas asociaciones de medios alternativos para la constitución de redes globales de cooperación. Dichas redes deben favorecer la coproducción y realización de proyectos en común, así como, la defensa de los intereses de estos medios vinculados con la rentabilidad social y a los que deben garantizarse el derecho de emisión de manera preferente.
6. Así mismo, se hace necesario el estrechamiento de las relaciones entre estos nuevos actores sociales de la comunicación con las universidades y centros de formación, para la divulgación de la cultura y del conocimiento en general. La facilidad de penetración de los medios audiovisuales en los hogares y principalmente entre las capas menos formadas, al utilizar un lenguaje más universal que el facilitado por la transcripción de los fonemas, debe aprovecharse para elevar el nivel cultural de las sociedades, único bien que contribuye al bienestar y el progreso.
7. El análisis de la situación económica de los medios audiovisuales públicos locales y alternativos, muestran, en la mayoría de los casos, una situación de déficit que impiden su correcto desarrollo, así como, un exceso de voluntarismo que no contribuye a una mayor profesionalización de la labor diaria. Por ello, debe favorecerse la captación de recursos económicos suficientes desde los fondos públicos y privados. Impedir esta doble financiación, sólo tiene como objeto atacar la supervivencia de medios creados para ser instrumentos de desarrollo, en beneficio de empresas legitimadas para obtener beneficios económicos y actuar como fuentes de poder.
8. No siendo un objetivo de estos medios la cuantificación de su éxito en resultados de audiencia, se hace necesario la búsqueda de métodos de medición que evalúen su potencial cualitativo y rompan con el estatus actual tendente a favorecer investigaciones que sólo persiguen su aprovechamiento bajo el prisma de facilitar el trueque de audiencia por ingresos económicos.
9. Es imprescindible la adaptación de estos medios a las nuevas tecnologías, a la revolución digital, a su integración en las redes de cables, así como, a la potenciación de su presencia en Internet para facilitar su penetración y el acceso de directo a la posibilidad de los usuarios de interactuar en sus programaciones.