Los Diplomas de Español como Lengua Extranjera (DELE) fueron creados por iniciativa del Ministerio de Educación y Ciencia de España en 1988, cuando ocupaba la cartera ministerial el Sr. D. Javier Solana Madariaga, tres años después del ingreso del país en la Unión Europea. La creación de estas titulaciones oficiales respondía más a razones políticas que académicas en aquel entonces: se trataba de crear una herramienta de difusión de la lengua afín a la que otros países europeos ya habían desarrollado con la finalidad de proyectar una presencia oficial de nuestra lengua y por tanto un perfil más alto en la escena internacional. Este instrumento tenía además la ventaja añadida de su relativo bajo coste y de su efectividad: un sistema de exámenes de libre acceso conducentes a la obtención de títulos oficiales, avalados por la más alta autoridad española en materia de educación.
La normativa que regula este sistema de evaluación y acreditación es objeto de tratamiento al más alto rango: el Real Decreto 826/1988 establece las líneas generales del sistema y la administración anual de las pruebas sigue los preceptos publicados en forma de Órdenes Ministeriales en el Boletín Oficial del Estado.
Es a también a finales de los años 80 del siglo pasado cuando converge también en España un proceso de descentralización por el que muchas de las funciones que anteriormente eran competencia de las sedes ministeriales en Madrid son transferidas a las autoridades correspondientes de las Comunidades Autónomas de España. Este proceso, que aún hoy no se considera concluido, afectó de especial manera al Ministerio de Educación, que sólo retendría, entre otros departamentos, la Subdirección General de Cooperación Internacional, principal impulsora y responsable del proyecto DELE. Pronto se hizo evidente la necesidad de delegar en otras instituciones las tareas correspondientes a la confección y calificación de las pruebas de examen. En 1991 el Ministerio de Educación y Ciencia firma un acuerdo con la Universidad de Salamanca por el que este tipo de trabajos pasan a ser contratados en su integridad. La Universidad de Salamanca es una institución pionera en España en la enseñanza del español como lengua extranjera y contaba con sus propios certificados de competencia lingüística, a los que renuncia una vez que se hace cargo de la tarea que le encomienda el Ministerio.
La creación del Instituto Cervantes en 1991, al que se le encarga específicamente la tarea de promoción y difusión de la lengua y de la cultura de los pueblos que se expresan en español, y la consiguiente puesta en marcha de su red de centros, propició la transferencia de las tareas administrativas relacionadas con el sistema de evaluación DELE a esta institución. A tal efecto, se derogó el antiguo Real Decreto y se promulgó uno nuevo (1/1992), por el que el Ministerio de Educación retenía, a través de órganos colegiados establecidos para este fin, la titularidad del sistema y las máximas competencias para su gestión, pero concitaba al Instituto Cervantes y al Ministerio de Asuntos Exteriores a una acción coordinada para propiciar su desarrollo.
Originalmente concebidos, como su propio nombre indica, «para extranjeros», las primeras convocatorias de examen fueron celebradas exclusivamente en países donde el español no era lengua oficial: los exámenes se administran por vez primera en España en 1991. El sector de la enseñanza de español en este país comenzaba a expandirse y hoy día se calcula que genera transacciones por valor de más de 300 millones de euros. Son estos años caracterizados por un crecimiento sostenido en todo tipo de actividades relacionadas con los servicios académicos E/LE: cursos, formación de profesores, publicaciones, congresos y, naturalmente, certificaciones.
A finales de 2002, el Ministerio de Educación de España transfirió al Instituto plenas competencias en materia de dirección académica, administrativa y financiera del sistema de evaluación y certificación de los Diplomas de Español como Lengua Extranjera, mediante un nuevo Real Decreto, el 1137/2002, hoy en día vigente.
En el desarrollo del sistema de evaluación y certificación DELE ha tenido una fuerte influencia la tradición europea en materia de certificación de la competencia lingüística. Tanto el Instituto Cervantes como la Universidad de Salamanca son miembros de ALTE, la asociación europea de entes certificadores de la competencia lingüística, desde principios de los años 90. En todo este tiempo ambas instituciones han participado activamente en proyectos de interés común, especialmente aquellos encaminados a la homologación de nuestro sistema de acreditación y a la búsqueda de consenso en las escalas de medición de la competencia lingüística que puedan facilitar a los usuarios la interpretación de las certificaciones. El Consejo de Europa es asimismo punto de convergencia y mecanismo impulsor de las políticas europeas comunes en materia de educación lingüística desde 1971. La edición y publicación de la versión española del Marco común europeo de referencia para las lenguas: enseñanza, aprendizaje, evaluación a cargo del Instituto Cervantes ha contribuido a la difusión de un documento cuyo impacto en los sistemas de enseñanza y por ende de certificación en los próximos años será sólo comparable al que en su día tuvo la publicación del Nivel Umbral. No es ningún secreto que Educational Testing Service (ETS), la agencia privada norteamericana que desarrolla y administra, entre otras, las conocidas pruebas TOEFL, ha iniciado un proyecto de vinculación de sus escalas y puntuaciones al Marco europeo de referencia. La riqueza y diversidad lingüística europea constituye al mismo tiempo el más importante obstáculo a la movilidad de las personas y por tanto a la integración, por lo que el fomento de políticas encaminadas a potenciar el estudio y conocimiento de idiomas es justamente uno de los principales retos del Consejo de Europa: no es casualidad que aproximadamente un 80 % de nuestra población candidata a los DELE sea europea. La versatilidad de uso de las titulaciones (ámbito social o general, ámbito académico y ámbito laboral) ha contribuido además a su crecimiento e implantación.
Actualmente, autoridades políticas y educativas, instituciones académicas, empresas y asociaciones sindicales y profesionales reconocen y valoran los Diplomas de Español. El sistema de evaluación y certificación DELE es asimismo responsable de un efecto multiplicador que condiciona y conforma el propio proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua. El impacto político que en su día se pretendió al crear los DELE no sólo ha fructificado y se ha consolidado, sino que además ahora afecta a una vasta y diversa comunidad usuaria, y no solamente de naturaleza académica. De este modo, es especialmente relevante la responsabilidad de las instituciones responsables de este tipo de sistemas de evaluación: al principio de equidad inherente a todo proceso evaluador debe sumarse también la calidad de los instrumentos de medición, de los canales de comunicación con los usuarios y del servicio en su integridad.
Uno de los retos inmediatos que se planteó el Instituto Cervantes al aceptar las responsabilidades de dirección del sistema de evaluación DELE ha sido la revisión y actualización de los instrumentos de medición, especialmente en relación con las directrices desarrolladas en el Marco común europeo. El formato y los contenidos de las pruebas están siendo objeto de estudio y análisis y se ha emprendido un programa de vinculación de los exámenes a las escalas europeas con el objeto de demostrar de forma teórica y empírica la relación existente entre las certificaciones y el marco europeo. Este programa de validación será llevado a cabo con la colaboración de otras instituciones europeas y de expertos internacionales siguiendo directrices desarrolladas por el Consejo de Europa. A la solidez de las afirmaciones que hagamos en materia de validez de las pruebas tiene que sumarse necesariamente la coherencia y fiabilidad de los instrumentos de medición. El Instituto Cervantes se dispone asimismo a implantar un plan integral de gestión de la calidad en todos los ámbitos de actuación relacionados con el sistema de evaluación y certificación DELE: no sólo es necesario asegurarse de que el producto es de primera calidad y responde a las exigencias internacionales en materia de validez, sino que es preciso fijarse objetivos de mejora en el servicio de administración y gestión del sistema y cerciorarse de que el impacto en el ámbito educativo, laboral y social en su más amplia acepción sea de naturaleza positiva. En definitiva, se trata de orientar el servicio hacia el ciudadano usuario de las certificaciones ofreciendo y demostrando garantías de calidad y eficacia. Como se apuntó anteriormente, es relativamente sencillo y poco costoso confeccionar exámenes y poner en marcha un sistema de administración, y más aún si se obvian condicionantes de naturaleza ética.
Uno de los aspectos de mayor interés en el proceso de revisión de las actuales pruebas DELE está planteándose en la adopción de un enfoque más amplio de la realidad lingüística hispánica a la hora de seleccionar el muestreo de contenidos de los exámenes, lo cual tiene implicaciones en las propias especificaciones técnicas del sistema. Inicialmente concebidas como pruebas en las que la variedad castellana peninsular central era la utilizada para su confección —si bien se explicitaba que se admitían otras variedades del español siempre que fueran seguidas coherentemente— la proyección internacional que desde su creación se les supone a los DELE no puede ser posible sin una revisión de este planteamiento. Aunque la mayor parte del público demandante de las titulaciones DELE es actualmente europeo, tanto Asia como Norteamérica están llamadas a convertirse en áreas geográficas de gran expansión en las que el potencial público usuario demanda certificaciones que reflejen su dominio de la lengua en su vertiente más internacional y menos localizada y que tengan un amplio reconocimiento en los dos ámbitos principales de uso: los sistemas educativos de enseñanza superior y el mundo laboral.
El Instituto Cervantes ha comenzado a establecer contactos con autoridades e instituciones hispanoamericanas, fruto de los cuales ha sido el reciente acuerdo suscrito con la Universidad Nacional Autónoma de México, que constituye un primer paso en esta dirección, toda vez que prevé una estrecha colaboración en este campo. La institución española está deseosa de establecer líneas de actuación conjunta en el sector de la evaluación y la certificación de la competencia lingüística dado que entiende que es una tarea en la que cabe una gran variedad de aportaciones y de líneas de actuación y que es responsabilidad de los entes con intereses en la materia establecer sistemas de certificación diáfanos, transparentes, válidos y con garantías, que redundarán sin duda en beneficios para las comunidades hispanohablantes, que hace relativamente poco hemos descubierto el gran activo económico que supone la internacionalización de nuestra lengua y de nuestras culturas.
El Instituto Cervantes espera que este III Congreso Internacional de la Lengua Española constituya un punto de encuentro y un foro de debate para todas aquellas instituciones e individuos que deseen sumarse a esta iniciativa.